Devastación de manglares en Sisal: gobierno federal investiga tala ilegal y prioriza restauración

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó la devastación de 23 mil metros cuadrados de manglar en terrenos federales de Sisal, Yucatán. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la dependencia, advirtió que la tala ilegal de este ecosistema —considerada delito federal— ya es investigada con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de Yucatán. Bárcena señaló que los responsables utilizaron maquinaria pesada y motosierras, acciones que han dificultado la contención del daño ambiental.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la FGR trabajan para identificar tanto a los ejecutores como a los financiadores de la destrucción. Bárcena Ibarra destacó que México ha perdido cerca del 15% de sus manglares, mientras que en Yucatán la cifra alcanza el 8%. Ante esto, la funcionaria enfatizó que, además de las sanciones legales, la prioridad es restaurar el área afectada y frenar proyectos inmobiliarios irregulares en zonas costeras protegidas. “Las playas son de la gente, no de intereses privados”, recalcó.

La controversia trasciende lo ambiental: Irineo Novelo, comisario ejidal de Sisal, denunció durante una reunión con el gobernador Joaquín Díaz Mena que habitantes locales han perdido terrenos ante inversionistas, muchos de ellos extranjeros. Esta situación refleja tensiones entre el desarrollo económico y la protección de áreas naturales, especialmente en regiones con alta presión turística. Bárcena insistió en que se fortalecerá la vigilancia para evitar que proyectos irregulares avancen en zonas federales.

Más allá de las acciones legales, Semarnat impulsa estrategias para recuperar los manglares, ecosistemas vitales como barreras contra huracanes y refugios de biodiversidad. El caso de Sisal evidencia los desafíos para equilibrar la conservación con las presiones inmobiliarias en el Caribe mexicano. Autoridades y comunidades buscan ahora un modelo de desarrollo que priorice la sostenibilidad y los derechos de las poblaciones originarias sobre sus territorios.