Transformación hídrica en México: la Ley General de Aguas que busca garantizar el agua como derecho humano

México está en un punto de quiebre en materia hídrica. Sequías históricas, acuíferos agotados y una distribución profundamente desigual del recurso han dejado claro que el modelo actual está agotado. En este contexto, la Ley General de Aguas, presentada en la Cámara de Diputados con el respaldo de Morena, se perfila como una reforma estructural largamente postergada.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora, subrayó que esta iniciativa representa un paso histórico para hacer efectivo el derecho humano al agua, y para poner freno a la lógica que ha tratado este recurso como una mercancía en manos de unos cuantos.

Una deuda de más de una década

Desde la reforma constitucional de 2012, México estaba obligado a expedir una nueva Ley General de Aguas que pusiera en el centro los derechos humanos y la justicia social. Sin embargo, durante más de diez años el tema quedó atorado entre intereses políticos y económicos.

Hoy, la propuesta impulsada por Morena busca saldar esa deuda y cambiar la lógica de la gestión hídrica, pasando de un esquema basado en concesiones y negocio privado a un modelo donde el uso doméstico y comunitario esté por encima del industrial y se recupere plenamente la rectoría del Estado sobre el agua.

Una crisis hídrica sin precedentes

Los datos son contundentes:

• 65% del territorio nacional enfrenta algún grado de sequía.

• 105 acuíferos están sobreexplotados.

• En muchas regiones, el acceso al agua depende más del código postal que de la necesidad real de las personas.

  
  

Óscar Rébora puso como ejemplo el caso de Aguakán en Quintana Roo, donde concesiones mal diseñadas han dejado a comunidades enteras con servicios deficientes y tarifas inequitativas. Situaciones como esta muestran la urgencia de contar con un marco legal actualizado, que ponga límites claros a los abusos y proteja a la población frente a la explotación privada del recurso.

Eje de la reforma: el agua como derecho, no como negocio

La nueva Ley General de Aguas plantea un cambio profundo en las reglas del juego:

• Prioridad al uso doméstico y social por encima del industrial o comercial.

• Recuperación de la rectoría del Estado, reduciendo márgenes para la especulación privada.

• Enfoque en equidad territorial, para que el acceso al agua no dependa de intereses corporativos ni de decisiones discrecionales.

  
  

El objetivo es claro: que el agua se gestione como un bien común esencial para la vida, y no como una oportunidad de negocio a costa de la gente y de los ecosistemas.

Candados a la privatización y fin de concesiones a perpetuidad

Entre las medidas más relevantes, la iniciativa contempla:

• Restricciones estrictas a los esquemas de privatización del servicio.

• Reducción de la duración de las concesiones a 15 años, con revisiones anuales para verificar el cumplimiento de condiciones sociales y ambientales.

• Monitoreo en tiempo real de los volúmenes extraídos y de la calidad del agua.

• Creación de un Centro de Transmisión de Derechos, que será el único mecanismo autorizado para realizar transferencias de derechos de agua, garantizando control, trazabilidad y transparencia.

  
  

Con estas medidas se busca evitar que la entrega de títulos de concesión se convierta, de nuevo, en un cheque en blanco para la sobreexplotación de ríos y acuíferos.

Prohibición del fracking con agua y sistemas cerrados de aguas residuales

La propuesta también incorpora un enfoque ambiental robusto. Entre los compromisos destacan:

• Prohibición del uso de agua para fracking, una práctica altamente cuestionada por su impacto en acuíferos y ecosistemas.

• Transición hacia sistemas cerrados de aguas residuales para 2030, de manera que el líquido sea tratado y reutilizado, reduciendo descargas contaminantes y aprovechando al máximo cada gota.

  
  

Estos cambios apuntan a una gestión hídrica moderna y circular, donde el agua deje de ser un recurso desechable y se integre a ciclos productivos más responsables.

Calendario de implementación: plazos claros y metas a cumplir

La Ley General de Aguas no se queda en el plano declarativo; establece un calendario preciso para su puesta en marcha:

• 90 días para armonizar la ley con el resto del marco ambiental.

• 180 días para actualizar normas técnicas y estándares vinculados al agua.

• 240 días para publicar los reglamentos necesarios para su aplicación.

• Un año para revisar las concesiones críticas, particularmente aquellas con altos niveles de conflicto social o impacto ambiental.

• Cinco años para que todos los concesionarios adopten sistemas cerrados de aguas residuales y cumplan con los criterios de protección integral del recurso.

  
  

Con plazos definidos, el reto será que las instituciones y los actores privados cumplan con los compromisos y que la ciudadanía pueda exigir resultados.

Revertir décadas de negligencia y abuso

Para Óscar Rébora y las y los legisladores que acompañan esta iniciativa, la Ley General de Aguas es una oportunidad para romper con décadas de negligencia, de concesiones discrecionales y de una visión cortoplacista del recurso.

La meta es que el agua deje de ser un privilegio o un negocio y se convierta en un derecho garantizado para todas y todos los mexicanos, con una gestión que combine justicia social, solidez técnica y visión ambiental de largo plazo.

Si la ley se aprueba y se aplica en sus términos, México podría dar un paso decisivo hacia un modelo hídrico más justo, transparente y sostenible, a la altura de la crisis que hoy vive el país.