Madres buscadoras exigen respuestas en el Poder Judicial de Quintana Roo

En medio de la renovación del Poder Judicial de Quintana Roo, el colectivo Madres Buscadoras ha tomado acción. Con un plantón indefinido en las instalaciones del Poder Judicial y el bloqueo de un tramo de la avenida Tulum, frente al edificio en Cancún, este grupo protesta contra jueces de lo familiar acusados de omitir medidas cruciales para proteger a los menores.

María Patrón Pat, presidenta del colectivo, explicó que en el seno de su organización se han tramitado siete casos en los que dos jueces presuntamente obligan a que los menores convivan con sus agresores, vulnerando así sus derechos fundamentales. La activista denunció que, pese a contar con peritajes y testimonios, los jueces siguen ignorando la evidencia que demuestra situaciones de violencia familiar y violencia vicaria, lo cual agrava la situación de los menores afectados.

El colectivo recalca que la falta de acción y de atención en las carpetas judiciales ha llevado a que los niños y niñas sean expuestos a entornos violentos, situación que podría desencadenar daños psicológicos y físicos a largo plazo. La protesta se intensifica, pues las Madres Buscadoras exigen a las autoridades el reconocimiento de esta problemática y la implementación de medidas inmediatas para corregir lo que consideran una grave omisión por parte de los jueces responsables.

Dentro de los casos que han sido objeto de denuncia se encuentran aquellos en los que, a pesar de existir pruebas contundentes de violencia familiar, los juzgados continúan forzando la convivencia entre los menores y los presuntos agresores. Según el colectivo, esta situación se repite en varios expedientes a cargo de jueces como Carlos Manuel Cohuo Zaldívar y Mabel López Méndez, quienes han sido señalados por favorecer a los agresores en perjuicio de las víctimas.

La acción del colectivo en el Poder Judicial y la vía pública es un llamado de atención a las autoridades y a la sociedad para que se tomen medidas urgentes en favor de la protección de los menores. Las protestas, marcadas por la exigencia de transparencia y justicia, evidencian la frustración de las familias ante un sistema que, según denuncian, ignora las necesidades y el bienestar de quienes más sufren.