Fin a la concesión de Aguakan

En una conferencia de prensa celebrada esta noche, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, reafirmó el compromiso del Gobierno de Quintana Roo en contra de la concesión de Aguakan y anunció que se avanzará en el litigio contra esta empresa.

La funcionaria subrayó que la demanda social por la terminación de la concesión de Aguakan se fundamenta en múltiples irregularidades detectadas en la prestación del servicio de agua potable y en el manejo del drenaje sanitario.

Cristina Torres Gómez explicó que, desde la administración estatal, se ha optado por rechazar la prórroga irregular de la concesión otorgada originalmente en los años 90 y extendida ilegalmente en 2014 hasta el año 2053. Además, se amplió la concesión a la zona del municipio de Solidaridad sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes. Según la secretaria, estas irregularidades han generado una fuerte reacción social y un rechazo generalizado, respaldado por la consulta popular en la que la mayoría de los ciudadanos votó a favor de revocar la concesión de Aguakan.

Litigio y acciones legales en contra de Aguakan

Como parte del proceso para garantizar la legalidad y la transparencia, el Gobierno de Quintana Roo presentó en mayo de 2024 una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Esta acción dio inicio a la integración de una carpeta de investigación y a la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan por presuntos delitos de lavado de dinero y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.

Evidencias de contaminantes y afectaciones en salud

En materia de salud y medio ambiente, diversos estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) y especialistas del sector sanitario han identificado la presencia de contaminantes en el agua potable.

Los análisis revelaron niveles elevados de coliformes fecales y E-coli en aguas residuales, lo que representa un riesgo inminente para la salud pública y el ecosistema. Estas evidencias han reforzado la posición del Gobierno de Quintana Roo de que la concesión de Aguakan debe ser revocada para proteger a la ciudadanía.

La secretaria de Gobierno informó también sobre una reciente reunión con representantes de Aguakan, que se llevó a cabo a petición de la propia empresa para evaluar posibles afectaciones a inversionistas y trabajadores. Durante el encuentro, Aguakan planteó la opción de que el Estado adquiriera la empresa, pero el Gobierno de Quintana Roo rechazó de manera tajante cualquier propuesta de adquisición.

La administración estatal dejó claro que el objetivo es poner fin a la concesión de Aguakán, reafirmando que el patrimonio público y el acceso a agua potable son derechos inalienables.

Compromiso del Gobierno de Quintana Roo y el derecho al agua

El Gobierno de Quintana Roo reitera su compromiso en la defensa de los derechos ciudadanos y en la lucha contra las irregularidades que afectan la prestación del servicio de agua potable y drenaje. Las auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales realizadas desde el inicio de la administración han revelado fallas en el manejo de la concesión de Aguakán, lo que ha llevado a impulsar un proceso legal robusto para la revocación de dicha concesión.

El agua es un derecho humano, y en el marco de la Cuarta Transformación, el Gobierno de Quintana Roo sostiene que la voluntad popular y el interés público prevalecen sobre cualquier beneficio privado.