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Contaminación en aumento: qué puede hacer Quintana Roo para proteger la salud pública

La calidad del aire es un componente fundamental para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de las ciudades.

#QuintanaRoo

24 de abril de 2025

A lo largo de las últimas décadas, entidades como la Ciudad de México y el Estado de México han demostrado que la verificación vehicular puede ser una herramienta eficaz para reducir la contaminación generada por el transporte, proteger la salud pública y avanzar hacia los compromisos climáticos que ha asumido México a nivel internacional.


Lecciones desde el centro del país

La experiencia en la Zona Metropolitana del Valle de México ha dejado claro que las políticas de verificación vehicular funcionan. Desde su implementación, tanto la CDMX como el Edomex han registrado una reducción significativa en los niveles de partículas suspendidas (PM10 y PM2.5), gases altamente dañinos para la salud humana. Estas partículas son emitidas principalmente por vehículos en mal estado o que no cumplen con las normativas ambientales.


En el Estado de México, por ejemplo, los controles vehiculares han permitido mitigar la emisión de gases como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, ayudando a disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en poblaciones expuestas diariamente a la contaminación.


Los beneficios han sido notables. Además de la mejora en la calidad del aire, se ha incentivado el reemplazo de vehículos obsoletos por unidades más limpias y eficientes. Y, en un plano más amplio, estas medidas han contribuido a que México cumpla con los objetivos establecidos en tratados internacionales como el Acuerdo de París.


El caso urgente de Quintana Roo

Mientras algunas entidades han logrado avances en materia de control de emisiones, Quintana Roo enfrenta un escenario cada vez más preocupante. La combinación de un acelerado crecimiento urbano, una alta densidad vehicular y la ausencia de mecanismos de control como la verificación, ha derivado en un deterioro progresivo de la calidad del aire.


Tan solo en Cancún, el municipio de Benito Juárez concentra las mayores emisiones de monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx) en todo el estado. Estas emisiones provienen, en su mayoría, de automóviles particulares y del transporte público. Se calcula que superan las 10 mil toneladas anuales, con efectos negativos palpables para la salud de la población local y los visitantes.

Este problema no es solo ambiental, también es de salud pública.


En lo que va de 2024, Quintana Roo ha registrado más de 177 mil casos de enfermedades respiratorias agudas. Aunque existen múltiples causas para estos padecimientos, la mala calidad del aire —agravada por las emisiones vehiculares— juega un papel determinante, especialmente en las zonas urbanas más transitadas.


¿Qué aportaría la verificación vehicular?

Implementar un sistema de verificación vehicular en Quintana Roo permitiría al estado identificar y corregir las fuentes móviles más contaminantes. Esto implicaría revisar las emisiones de los vehículos en circulación, exigir reparaciones cuando sea necesario y fomentar la renovación del parque vehicular hacia tecnologías más limpias.


Las ventajas son múltiples:

  • Mejora en la calidad del aire

  • Reducción de enfermedades asociadas a la contaminación

  • Menor carga para el sistema de salud pública

  • Cumplimiento con los compromisos climáticos de México

  • Prevención de fallas mecánicas y reducción de accidentes viales


Un paso necesario para el futuro del estado

Quintana Roo, reconocido mundialmente por su riqueza natural y vocación turística, no puede permitirse seguir postergando políticas públicas que protejan el entorno y a sus ciudadanos. La verificación vehicular es una solución probada, efectiva y alineada con las metas de sostenibilidad que México ha asumido como parte de su responsabilidad global.


Implementarla no solo respondería a una necesidad inmediata de salud y medio ambiente, sino que también proyectaría a Quintana Roo como un estado comprometido con la protección de sus recursos y el bienestar de su población.


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