Taxistas de Campeche y Yucatán se organizan para exigir reglas claras a plataformas digitales

Las organizaciones de taxistas de Campeche y Yucatán anunciaron la conformación de un frente común para exigir a las autoridades de transporte de ambas entidades la aplicación efectiva de la ley frente al crecimiento de las plataformas digitales de transporte. El reclamo central apunta a la afectación directa en los ingresos del sector, derivada —afirman— de una competencia que opera sin las mismas obligaciones regulatorias y fiscales.

En conferencia de prensa, Teresita Vivas Cornelio, secretaria general del Frente Único de Trabajadores del Volante, y Víctor Manuel Ávila, representante de la asociación Radio Taxis Resurgimiento de Yucatán, que agrupa a 45 sociedades de radio taxis, subrayaron que el sector no se opone a la existencia de aplicaciones digitales. Su exigencia, señalaron, es que todas las unidades que prestan el servicio se encuentren debidamente reguladas y cumplan con las mismas cargas fiscales que los taxistas concesionados.

Los dirigentes explicaron que el aumento sostenido de vehículos afiliados a plataformas digitales ha generado una presión económica creciente sobre miles de familias que dependen del taxi tradicional. Esta situación, afirmaron, fue el detonante para articular un esfuerzo conjunto entre ambos estados, con el objetivo de visibilizar el problema y demandar soluciones institucionales.

Durante el encuentro, Candelario Núñez Vázquez, secretario de Honor y Justicia del gremio, advirtió que la falta de respuesta por parte de las autoridades podría derivar en consecuencias sociales y políticas. Indicó que el impacto económico ya es significativo y que, de persistir la omisión regulatoria, el sector podría replantear su respaldo en distintos ámbitos, incluso en el terreno electoral.

El frente común adelantó que buscará diálogo formal con las instancias responsables del transporte en Campeche y Yucatán, con el objetivo de avanzar hacia un esquema de regulación equitativo que garantice condiciones de competencia justa, certeza jurídica y sostenibilidad económica para quienes dependen del servicio de taxi.