Fiscalía de Campeche impulsa desafuero de “Alito” Moreno por presunto desvío de 83.5 mdp

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) dio un paso firme el pasado 25 de julio al ratificar, ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la petición de desafuero contra el senador priista Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. La solicitud busca retirar la inmunidad parlamentaria al legislador para permitir que sea investigado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos y otros posibles actos de corrupción durante su sexenio como gobernador de Campeche.

Según la carpeta de investigación que ya fue judicializada, a Moreno Cárdenas se le atribuye el uso indebido de funciones y peculado, cargos que se sustentan en transacciones y contrataciones irregulares detectadas por la Fiscalía estatal. En el expediente se incluyen también posibles anomalías en la adjudicación de obra pública y en la gestión de recursos federales, todo ello bajo el alcance de las indagatorias de la Asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que puso en relieve la magnitud de la petición de procedencia.

En las investigaciones, 17 exfuncionarios de la administración de Moreno han sido vinculados a proceso, y dos de ellos negociaron un criterio de oportunidad a cambio de colaborar con las autoridades. Estas personas enfrentan cargos similares, entre los que destacan el desvío de recursos y la simulación de actos administrativos.

El escrito de desafuero fue remitido a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la cual lo enviará a la Sección Instructora. Se espera que este órgano aborde la solicitud en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, donde los legisladores debatirán si procede o no levantar la protección constitucional del senador priista.

El caso pone nuevamente en el centro del debate la rendición de cuentas y el combate al peculado, la corrupción políticay la protección legal de altos funcionarios. La resolución de la Cámara de Diputados marcará un precedente sobre cómo se procesan estas acusaciones contra miembros del Congreso.