Ejidatarios de Campeche obtienen triunfo clave: tribunal agrario mantendrá operaciones indefinidamente

Tras intensas manifestaciones y un bloqueo en la autopista, los ejidatarios de Campeche consiguieron revertir la decisión del Supremo Tribunal Agrario, logrando que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) permanezca en el estado de manera indefinida. Elisa Hernández Romero, secretaria de gobierno estatal, confirmó el acuerdo y destacó el compromiso de la administración local para agilizar más de 400 carpetas de investigación pendientes. Este triunfo refleja la fuerza de la organización social ante posibles riesgos económicos y el jineteo de tierras, una práctica ilegal que habría aprovechado el vacío institucional.

La resolución surgió tras la creación de mesas interinstitucionales que priorizaron las demandas de los grupos ejidales. Hernández Romero reconoció que trasladar el TUA a otra entidad hubiera generado graves perjuicios, incluyendo la vulnerabilidad de derechos históricos sobre la tierra. El gobierno estatal, en colaboración con la delegación campechana del TUA, asumirá parte de los costos operativos para sostener el organismo, dada la falta de recursos federales. Este esfuerzo conjunto busca no solo resolver casos atrasados, sino también evitar la especulación territorial.

Aunque persisten dudas sobre la sede física del tribunal, su permanencia en Campeche fortalece la justicia agraria local. Asesores legales de la Procuraduría Agraria y la Sedatu respaldaron la estrategia, aportando experiencia acumulada por años en defensa de campesinos. Hernández Romero enfatizó que, pese a los desafíos administrativos —como la falta de sellos federales para ciertos trámites—, la prioridad es evitar más incertidumbre en las comunidades rurales.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a la paciencia, asegurando que el TUA continuará atendiendo conflictos agrarios mientras se trabaja en una solución permanente. Este caso sienta un precedente para otros ocho estados que enfrentan retos similares, subrayando la importancia de la gestión estatal y la participación ciudadana en la defensa de los derechos territoriales. La permanencia del tribunal no solo beneficia a los ejidatarios, sino que refuerza la lucha contra la impunidad en el sector rural.