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Corredor Biocultural: México, Guatemala y Belice sellan alianza para proteger 5.7 millones de hectáreas de la Gran Selva Maya

En Calakmul, los tres gobiernos firmaron la “Declaración de Calakmul” y anunciaron la segunda fase de Sembrando Vida; la iniciativa busca conservar ecosistemas, reforzar la justicia social y blindar a comunidades frente a amenazas ambientales.

Corredor Biocultural: México, Guatemala y Belice sellan alianza para proteger 5.7 millones de hectáreas de la Gran Selva Maya
#Campeche

16 de agosto de 2025

En una cumbre celebrada el 15 de agosto de 2025 en Calakmul, Campeche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al primer ministro de Belice, John Briceño, y al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para formalizar la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya. Con la firma de la llamada “Declaración de Calakmul”, los tres países acordaron trabajar de manera coordinada para proteger 5.7 millones de hectáreas de selva tropical que atraviesan sus territorios.


La propuesta trinacional integra 50 áreas naturales protegidas —entre ellas 12 en México, 27 en Guatemala y 11 en Belice— y aspira a consolidar un marco de colaboración que articule autoridades, comunidades, organizaciones ambientales, academia y el sector privado para la conservación y el desarrollo sostenible de la región. El acuerdo plantea tanto medidas de protección de la biodiversidad como acciones orientadas al fortalecimiento de los medios de vida locales.


Durante el acto, los mandatarios subrayaron el carácter regional del proyecto: la intención es que las fronteras políticas no impidan estrategias compartidas para el manejo del territorio. Entre los objetivos concretos se encuentran la prevención y combate a la tala ilegal, el tráfico de especies, incendios forestales, la cacería furtiva y la contaminación; además se prevén programas para regenerar suelos y recuperar cobertura forestal degradada. Organizaciones ambientales y organismos internacionales reaccionaron con llamados a garantizar que las medidas se traduzcan en protección efectiva sobre el terreno.


Como componente operativo del acuerdo, la Presidencia de México anunció el inicio de la segunda fase del programa social Sembrando Vida, concebida para enlazar conservación y desarrollo rural: restauración de suelos, reforestación y promoción de la seguridad alimentaria con participación directa de las comunidades. El gobierno mexicano presentó esta fase como una forma concreta de cooperación que aporta transferencias y acompañamiento técnico a los pobladores que habitan la Gran Selva Maya.


El plan también contempla la conformación de un Consejo de Autoridades de Áreas Protegidas, con representantes designados por los tres gobiernos, y un “grupo trinacional de apoyo” donde estarán presentes sociedad civil, academia y sector privado para dar seguimiento a la puesta en marcha del corredor. En el acto se proyectó un video institucional donde se detalló el conjunto de áreas protegidas y se mencionaron especies emblemáticas de la región —como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el quetzal— cuyo hábitat se busca salvaguardar.


El acuerdo prevé impactos sociales relevantes: se estima que la iniciativa afectará —en sentido positivo— la vida de alrededor de dos millones de personas que habitan la región transnacional, a través de proyectos productivos, empleo ligado a manejo forestal sustentable y acciones de protección comunitaria. Además, las autoridades anunciaron la instauración del 15 de agosto como “Día de la Gran Selva Maya”, medida simbólica para visibilizar la conservación trinacional.


Desde la perspectiva de la gobernanza ambiental, expertos y agrupaciones conservacionistas han valorado el alcance del Corredor Biocultural, pero también han pedido transparencia en los mecanismos de implementación, financiamiento y vigilancia. El reto será traducir la declaración política en políticas públicas coordinadas, recursos sostenibles y mecanismos comunitarios de guardia y manejo que impidan la presión sobre los ecosistemas.


En sus intervenciones, los tres mandatarios subrayaron el componente cultural del convenio: la intención es reconocer y fortalecer las prácticas tradicionales e indígenas que históricamente han sustentado la conservación de la selva y vincularlas a modelos de turismo regenerativo, manejo de cuencas y seguridad alimentaria. La combinación de metas ambientales y sociales es presentada por los gobiernos como un modelo de “justicia social” aplicado al manejo territorial.

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