Congreso de Campeche aprueba en fast track reforma a la Ley de Expropiaciones

El Congreso del Estado de Campeche aprobó en sesión extraordinaria, convocada por la bancada mayoritaria de Morena, la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, presentada por el Ejecutivo estatal. La modificación fue avalada en fast track con mayoría simple y redefine las causas de expropiación, los procedimientos y modalidades para la ocupación de bienes privados.

La justificación oficial radica en que el municipio de San Francisco Campeche carece de reservas territoriales para proyectos de infraestructura y vivienda social. Sin embargo, la oposición advirtió que la reforma deja en manos del gobierno la posibilidad de tomar posesión inmediata de terrenos y propiedades, sin que exista un recurso administrativo para impugnar la declaratoria de “utilidad pública”.

De acuerdo con el artículo 1 Bis, fracción III, la declaratoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y notificarse a los propietarios; en caso de no ser localizables o de no responder en cinco días, el gobierno podrá tomar posesión del bien. Asimismo, el artículo 18 establece que, una vez decretada la expropiación, la autoridad podrá ejecutar de inmediato la ocupación y las obras proyectadas.

La diputada priista Delma Rabelo cuestionó la falta de garantías jurídicas:

“La declaratoria de utilidad pública no admite recurso alguno. Tampoco la indemnización será impugnable. ¿Qué herramientas le quedan al ciudadano para defenderse?”.

Expropiación y controversia política

La discusión estuvo marcada por acusaciones contra el exgobernador y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Legisladores de Morena y el PT recordaron que desde 2022 la Fiscalía de Campeche investiga a Moreno por presunto enriquecimiento ilícito y adquisición de terrenos a precios irrisorios en zonas de alta plusvalía.

La gobernadora Layda Sansores ha señalado públicamente que parte de las propiedades de Moreno se ubican en áreas exclusivas y fueron adquiridas con ventajas indebidas. En ese sentido, legisladores oficialistas argumentaron que la reforma busca frenar el acaparamiento de tierras y garantizar una distribución más equitativa de la riqueza.

Pese a estos argumentos, la oposición sostiene que la modificación legal representa un riesgo directo para el patrimonio de los ciudadanos, al quedar sujetos a decisiones ejecutivas sin posibilidad de defensa administrativa.