Bajo el ojo del censor: ordenan revelar datos de community manager de Tribuna Campeche

La libertad de prensa en Campeche sufre un nuevo revés tras la determinación de la jueza Edelmira Jaqueline Cervera, del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de exigir a Tribuna Campeche que entregue el nombre y los datos de su community manager en un plazo no mayor a 48 horas. Con esta medida cautelar, el medio local deberá someter todas sus publicaciones en redes sociales a un “censor judicial” antes de su publicación, so pena de una multa de 5,657 pesos para la Organización Editorial del Sureste si incumple la orden.

La justificación oficial es verificar cualquier contenido relacionado con la gobernadora morenista Layda Sansores San Román. Sin embargo, Tribuna Campeche denuncia que esta resolución busca “inhibir cualquier crítica” al gobierno estatal justo antes del Cuarto Informe de Gobierno, programado para este viernes 1 de agosto. Este acto se suma a una ola de restricciones y sanciones jurídicas dirigidas contra voces críticas en la entidad.

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió el 13 de junio, cuando el exdirector de Tribuna Campeche, Jorge Luis González Valdez, fue vinculado a proceso por delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora. Además de solicitarse el cierre del portal y la inhabilitación de González Valdez para ejercer el periodismo durante dos años, se le impuso una indemnización de 2 millones de pesos por daño moral.

El caso de Tribuna Campeche no es aislado en el país. En el estado de Tamaulipas, el periodista Héctor de Mauleón debió retirar una columna de El Universal tras ser acusado de calumnias y violencia política de género por señalar presuntas irregularidades de Tania Contreras López, próxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia local. Asimismo, la diputada federal Diana Karina Barreras obtuvo que el Tribunal Electoral ordenara a la ciudadana Karla Estrella difundir disculpas públicas durante 30 días, refiriéndose a la legisladora como “Dato Protegido”, tras críticas vertidas en sus redes sociales.

Estos precedentes evidencian un uso creciente de mecanismos legales para controlar contenidos y restringir el periodismo independiente en distintas entidades. La medida contra Tribuna Campeche revela cómo las herramientas del sistema judicial pueden emplearse para ejercer presión política y limitar el derecho a la información, afectando la transparencia y el escrutinio público en momentos clave de rendición de cuentas.