Anexos en Campeche: ¿centros de rehabilitación o cárceles clandestinas?

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) reveló que al menos 23 centros de rehabilitación para adicciones operan de manera registrada pero con deficiencias, mientras decenas más funcionan en la clandestinidad, exponiendo a pacientes a condiciones inhumanas. Ligia Nicthe Ha Rodríguez Mejía, titular de la Codhecam, advirtió que en estos lugares se emplean métodos brutales, como encierros prolongados, golpes y privación de necesidades básicas, bajo el pretexto de “curar” adicciones.

Los anexos registrados incumplen normas básicas de seguridad y atención, según la Codhecam. Sin embargo, los centros clandestinos —no reportados a autoridades municipales, de salud o Protección Civil— representan el mayor riesgo. “En algunos casos, las prácticas equivalen a tortura”, denunció Rodríguez Mejía, señalando que muchos de estos sitios habían sido clausurados, pero reabrieron en secreto.

Un ejemplo reciente es el aseguramiento de cuatro personas, incluido un exmilitar que se hizo pastor, quienes operaban un anexo ilegal en condiciones deplorables. Estos centros, que cobran por sus servicios, suelen carecer de protocolos sanitarios para manejar alimentos y residuos, aumentando riesgos de enfermedades.

La Codhecam señaló que municipios y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) son responsables de supervisar estos centros. No obstante, Rodríguez Mejía reconoció que falta mayor rigor para clausurar lugares irregulares: “Los municipios deben verificar licencias, y la Copriscam, inspeccionar condiciones sanitarias. Hoy, muchos operan sin controles”.

Aunque los anexos registrados buscan ayudar, su mal funcionamiento los hace cómplices indirectos del problema. Mientras, los clandestinos lucran con el sufrimiento: “No hay garantías de derechos humanos. Familias desesperadas caen en redes que prometen ayuda, pero ofrecen horror”, alertó la ombudsperson.

La Codhecam urgió a reforzar la vigilancia y sancionar a operadores de centros ilegales. “Campeche no puede permitir que la lucha contra las adicciones se convierta en una excusa para la violencia institucionalizada”, concluyó Rodríguez Mejía.